Indemnizar los particulares de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, excepto en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o un grupo de personas.